Carretera Federal 23: ¿Injerencia federal o estatal? ¿Medida preventiva o recaudatoria? Preguntas que los ciudadanos nos hacemos todos los días.
En artículos anteriores mencioné cómo ciertas decisiones de gobierno generan más dudas que certezas. Hoy toca hablar de las tan cuestionadas fotos‑infracciones instaladas por la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco, encabezada por Diego Monraz.
Como usuario frecuente de la carretera Guadalajara–Chapala, me pregunto: ¿Es correcto que el gobierno estatal intervenga una vía federal para instalar sistemas de “control” vial? Según lo que se ha informado, el tramo intervenido por motivo del Mundial pertenece a la Federación, no al Estado.
Además, imponer límites de velocidad como si se tratara de una avenida urbana no permite aprovechar la modernización de la vía. Con una buena campaña de educación vial se podría mejorar la convivencia entre automovilistas, transporte público y peatones. Incluso vecinos comentan que las inundaciones recientes “no existían antes de la intervención de la carretera”.
La gran pregunta es: ¿Las foto‑infracciones realmente reducen accidentes? Hasta ahora, la autoridad no ha presentado indicadores claros que demuestren una mejora. Como dice el documento: “la ciudadanía aún se pregunta a donde va a parar los millones de pesos recaudados por estas infracciones”.
La falta de transparencia alimenta la sospecha de que estas medidas son más recaudatorias que preventivas. Sería necesario un Observatorio Ciudadano que supervise:
- Cuánto se recauda.
- En qué se gasta.
- Si existe un órgano colegiado que decide el uso de esos recursos.
- Si la medida realmente reduce accidentes.
Incluso en el Congreso del Estado existen dudas sobre dónde se registra este ingreso y cómo se integra al presupuesto. Todo un misterio digno de “Scooby‑Doo”.
Como ciudadano, considero que:
- Debe aclararse quién es el propietario del tramo intervenido.
Si es federal, el Estado no puede instalar foto‑infracciones sin autorización.
- Debe transparentarse el monto recaudado.
Se habla de millones de pesos, pero no existe claridad sobre su destino.
- Debe integrarse formalmente al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.
El Congreso debe revisarlo y aprobarlo.
- Deben publicarse estadísticas de accidentes antes y después.
Solo así sabremos si la medida funciona o no.
- Debe explicarse quién autoriza semáforos y reductores en tramos carreteros.
Hay casos absurdos, como el semáforo junto a la estación “Carretera Chapala” de la recién estrenada Línea 5, cuya escalera inicia en el camellón, dificultando el acceso a personas con movilidad reducida. Otro ejemplo es el semáforo frente a la empresa SANE, al llegar a Chapala, que “solo está de adorno” y permanece siempre en amarillo, acompañado de topes y una pluma para “facilitar” el acceso a tráilers, misma que esta inoperable.
Mientras se aclara si estas medidas son legales o no, el ciudadano es quien termina pagando. Como dice el documento: “las multas se pagan y luego veremos en qué nos las gastamos”. Yo mismo ya pagué multas que, según se dijo, no se aplicarían por un error “Negro” administrativo.
“Las políticas de movilidad deben servir al ciudadano, no convertirse en cajas registradoras.”
