Por: Luis Armando Aburto Hernández Observador Ciudadano
“El descuido de las iniciativas relacionadas con el saneamiento y el agua potable entorpece el progreso. Sin saneamiento o agua potable, las comunidades y los países perderán la batalla contra la pobreza y la mala salud.”
“El agua contaminada, el saneamiento inadecuado y la falta de higiene se cobran anualmente la vida de unos 2.2 millones de niños menores de 5 años; 1.5 millones de estas muertes se deben a la diarrea, la segunda causa principal de la carga mundial de morbilidad.”
“La repercusión de la enfermedad diarreica en menores de 15 años es mayor que la repercusión combinada del VIH/sida, la malaria y la tuberculosis.”
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)
La situación que vivimos hoy en el Área Metropolitana de Guadalajara en materia de agua potable y saneamiento ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en un riesgo creciente. La evidencia ciudadana y los pronunciamientos recientes de las autoridades estatales apuntan a un escenario que podría considerarse el inicio de una alerta sanitaria.
El comunicado emitido el 6 de julio por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios generó más incertidumbre que claridad. Se centró en aspectos técnicos sobre quién determina una emergencia sanitaria, pero no respondió la pregunta esencial: ¿Los indicadores actuales del agua —olor, color y sedimentos— rebasan los límites permitidos por las normas mexicanas (NOM‑127, NOM‑179 y NOM‑230)?
La autoridad señaló que el agua suministrada es para “uso” y no para ingesta, recomendando:
- No beberla
- No preparar alimentos
- No cepillarse los dientes
- Consumir únicamente agua purificada o de garrafón
Se autorizó su uso para limpieza, lavado de manos y baño solo si no presenta coloración marcada ni olor intenso. Sin embargo, más de 500 mil habitantes han reportado agua con olor, color, sedimentos e incluso presencia de materia fecal.
Las condiciones del agua suministrada por el SIAPA llevan décadas sin cumplir con lo establecido en el artículo 4° de la Ley que crea el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que obliga al organismo a prestar servicios de agua potable.
El propio Gobierno del Estado reconoció públicamente, el 6 de julio, que desde hace más de una década el SIAPA no entrega agua potable.
Ante esta realidad, la ciudadanía ha tenido que asumir costos adicionales: comprar garrafones, instalar sistemas de filtración y atender problemas de salud derivados del contacto con el agua contaminada. Enfermedades en la piel, ojos y sistema digestivo se han vuelto comunes, al grado de que se solicita declarar Alerta Sanitaria en los municipios del AMG.
El impacto económico es profundo: las familias han tenido que destinar recursos que antes se usaban para alimentación, educación, movilidad o entretenimiento, solo para garantizar dos derechos humanos básicos: el acceso al agua potable y la salud.
El Gobierno estatal ha anunciado un plan de más de 30 acciones a corto, mediano y largo plazo para atender la crisis. Pero surge una pregunta legítima:
¿La ciudadanía podrá esperar uno, diez o treinta años para ver resultados?
Si en más de veinte años el sistema solo ha mostrado deterioro —infraestructura envejecida, potabilización insuficiente, captación pluvial deficiente, alcantarillado colapsado, inundaciones recurrentes, socavones diarios— ¿qué garantiza que en los cuatro años restantes de esta administración se logrará un cambio real?
El rescate financiero propuesto por el gobernador plantea otra duda: ¿Vale la pena invertir más recursos en un modelo que ha demostrado ser obsoleto e ineficaz?
Hoy existen alternativas de gobernanza intermunicipal bajo esquemas de agencias metropolitanas, donde la ciudadanía tiene mayor participación y puede influir en políticas públicas más equitativas y saludables. ¿Por qué no avanzar hacia ese modelo?
La Organización Panamericana de la Salud advierte:
“Millones de personas en las Américas aún carecen de agua potable y saneamiento seguro. Para 2030, más de 132.7 millones no tendrán acceso a agua gestionada de forma segura, 323.5 millones carecerán de saneamiento adecuado y 7.4 millones seguirán practicando defecación al aire libre.”
En el Área Metropolitana de Guadalajara somos más de 5 millones de habitantes, y para 2030 se estima que seremos 6.3 millones. Si no se actúa con seriedad, podríamos enfrentar un futuro sin agua potable y con un sistema de alcantarillado cada vez más colapsado.
La OPS también señala que cada dólar invertido en saneamiento y agua genera beneficios económicos de entre 3 y 34 dólares, aumentando el PIB de un país entre 2% y 7%.
Como Observador Ciudadano, me sumo a las exigencias de la población: queremos servicios de calidad, no más excusas, no más derroche de recursos y no más promesas vacías.
