Por: Luis Armando Aburto Hernández Observador Ciudadano
El gobierno estatal propone abrir la puerta a inversionistas privados para “rescatar” al SIAPA. Pero el agua no es un negocio para unos cuantos: es un derecho humano y un bien público que pertenece a los cinco millones de habitantes de esta metrópoli. Si las autoridades no han podido garantizarlo, es momento de que la ciudadanía tome el control.
La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta la peor crisis hídrica de su historia reciente. Las fallas en la distribución, el abandono del drenaje pluvial y la falta de mantenimiento en plantas de tratamiento nos han llevado al borde de una alerta sanitaria. No es un problema nuevo: tres gobernadores consecutivos —Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro y Pablo Lemus— han permitido que el SIAPA se deteriore hasta niveles inaceptables.
Hoy, mientras la ciudad lidia con cortes constantes, fugas interminables y agua de mala calidad, las autoridades estatales y municipales han demostrado una preocupante incapacidad para responder. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más vamos a esperar para que el gobierno haga lo que no ha querido o no ha podido hacer?
Entre las 30 acciones prioritarias del gobierno estatal destaca una idea inquietante: pedir a empresarios privados que “asuman el riesgo” de invertir en el sector hídrico. Pero el agua no es un negocio para unos cuantos; es un servicio vital que debe gestionarse con transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo.
Por eso propongo que respondamos a la misma convocatoria del gobernador —“entrarle todos”— pero desde la ciudadanía. No para rescatar al SIAPA desde la lógica empresarial, sino para reconstruirlo desde la responsabilidad colectiva.
La propuesta es simple y poderosa:
- Si cinco millones de habitantes aportamos $20 pesos semanales, generamos:
- $100,000,000 pesos cada semana
- $5,200,000,000 pesos al año como capital semilla
- Si sumamos los $2,200,000,000 pesos que los municipios adeudan al SIAPA
- Y el monto del descuento del 80% aprobado por el Congreso, que debe transparentarse
Podríamos reunir una bolsa inicial superior a $7,400,000,000 pesos para atender fugas, modernizar redes, rehabilitar plantas de tratamiento y garantizar agua segura para todos.
Esto no es una utopía: es matemáticamente posible y socialmente viable.
Un proyecto ciudadano de esta magnitud requiere controles estrictos y una contraloría social permanente. La ciudadanía debe supervisar cada etapa: selección de obras, presupuestos, licitaciones, ejecución y operación.
Si cada habitante aporta, cada habitante se convierte en inversionista. Y como inversionistas, debemos exigir un retorno claro:
- Tarifas más justas
- Infraestructura moderna
- Reducción real de fugas
- Calidad garantizada del agua
- Participación directa en decisiones estratégicas
Este modelo no sustituye al gobierno: lo obliga a trabajar con nosotros y bajo nuestra vigilancia. La transparencia debe ser absoluta y pública, porque este sería el primer gran proyecto de inversión colectiva en la historia de nuestra metrópoli.
México ha demostrado una y otra vez que la organización ciudadana es capaz de lograr lo que los gobiernos no pueden o no quieren. La situación económica es difícil, sí, pero la crisis del agua es aún más urgente.
Quien pueda aportar más, que lo haga. Quien pueda aportar $20, que los ponga sobre la mesa. Lo importante es que actuemos juntos.
Porque la pregunta ya no es “¿y si sí?”. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a esperar para tomar el control del agua que nos pertenece?
¡Ahí están mis 20! ¿Se va a hacer o no?
Atentamente,
Observador Ciudadano
