Por Carlos Anguiano
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La salud pública no puede evaluarse por el número de programas que anuncia un gobierno, sino por la atención que recibe una persona cuando enferma. Como ciudadano y derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), me preocupa la evolución del sistema de salud mexicano durante los últimos ocho años: cambios institucionales sucesivos, promesas de cobertura universal y, al mismo tiempo, dificultades que millones de pacientes enfrentan para conseguir medicamentos, acceder a consultas de especialidad y recibir atención oportuna.
El Seguro Popular fue una de las principales apuestas para ampliar la cobertura médica de la población sin seguridad social. Tuvo deficiencias, limitaciones y señalamientos de corrupción que debieron investigarse con rigor. Sin embargo, también contribuyó a extender el acceso a los servicios de salud. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) documentó que, entre 2008 y 2016, la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó en alrededor de 23.8 millones de personas, avance al que contribuyó de manera importante la expansión de la cobertura del Seguro Popular.
Por supuesto, aquello no significaba que el sistema funcionara perfectamente. Había problemas de calidad, desigualdad entre entidades y deficiencias en la atención. Si existían funcionarios que desviaron recursos o cometieron actos de corrupción, correspondía investigar, acreditar responsabilidades y aplicar las sanciones legales. Desmantelar una institución no sustituye la obligación de castigar a quienes delinquen. La pregunta de fondo es si resultaba necesario destruir el mecanismo de cobertura o si era posible corregir sus fallas, fortalecer la vigilancia y conservar lo que daba resultados.
Después llegó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2020 para reorganizar la atención de quienes carecían de seguridad social. Su existencia fue breve: en mayo de 2023 se publicó el decreto que dispuso su extinción y la transferencia de recursos, personal y funciones a la Secretaría de Salud y al sistema IMSS-Bienestar. Así, en pocos años, México transitó de un modelo a otro sin que el cambio de nombre o de estructura garantizara, por sí mismo, una atención mejor.
Ahora se impulsa la integración de servicios entre instituciones públicas. La coordinación puede ser conveniente si permite aprovechar instalaciones, personal y recursos; pero no debe convertirse en una transferencia de problemas de una institución a otra. El IMSS tiene una responsabilidad fundamental con sus derechohabientes y trabajadores, quienes contribuyen al financiamiento de la seguridad social. Antes de ampliar sus obligaciones, las autoridades deben explicar con qué presupuesto, personal, infraestructura y medicamentos sostendrán esa mayor demanda. La universalidad no puede construirse debilitando a las instituciones que ya atienden a millones de personas.
En mi experiencia como derechohabiente, las dificultades se expresan en medicamentos que no siempre se entregan completos, citas con especialistas que pueden demorarse demasiado y una calidad de servicio que no corresponde a las expectativas legítimas de los pacientes. El IMSS reportó un índice nacional de atención de recetas superior al 96 por ciento al cierre de 2024; ese dato institucional debe contrastarse con la experiencia concreta de los pacientes y con la información sobre recetas incompletas y medicamentos faltantes. En este escenario, también preocupa la tensión entre trabajadores y dirigencia sindical. Las manifestaciones recientes de personal del Seguro Social han incluido demandas de mejores condiciones laborales y abasto de medicamentos e insumos. Quienes atienden a los pacientes también necesitan herramientas, plantillas suficientes, instalaciones adecuadas y condiciones laborales dignas. Cuando faltan recursos, el trabajador queda atrapado entre las necesidades del enfermo y las limitaciones de la institución.
Todos los cambios deben ser para mejorar. Durante los últimos 8 años, no han sido así en materia de salud. Ahora la discusión no debe reducirse a defender gobiernos, sindicatos o estructuras burocráticas. Debe centrarse en el derecho a la salud y en la obligación de rendir cuentas. México necesita instituciones evaluadas por sus resultados, compras transparentes, sanciones efectivas contra la corrupción y una planeación que sobreviva a los cambios de administración.
La salud no admite improvisaciones ni triunfalismos. Como ciudadanos, debemos exigir información verificable, denunciar irregularidades y participar en la vigilancia de los servicios públicos. Y las autoridades deben escuchar a pacientes y trabajadores, corregir las deficiencias y demostrar, con resultados medibles, que cada peso destinado a la salud se traduce en una atención digna, oportuna y de calidad.
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